Los coordinadores de la redacción del programa electoral y de los actos sectoriales del Partido Popular de Valencia –PPVLC–, Alfonso Novo, Cristóbal Grau, Lourdes Bernal, Cristina Montalvá y Andrés Rodríguez, han mantenido una mesa de trabajo con representantes de asociaciones de consumidores, amas de casa y usuarios en la sede de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS, con el fin de intercambiar experiencias y opiniones de cara a la redacción del programa electoral. 

Los profesionales en materia de Consumo y Relaciones con los Consumidores se han mostrado satisfechos a la finalización del encuentro y han agradecido “que estas cuestiones puedan formar parte de un Programa Electoral, de manera que proximidad y transparencia vertebren las acciones dirigidas a velar por los derechos e intereses de los ciudadanos”.

Han formado parte de esta reunión Fernando Móner, el Presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y representante de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) Isabel Gascó, representante de Euroconsumo Comunidad Valenciana Asunción Francés, Presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Tyrius.

La protección del consumidor se sustenta en unos principios básicos que van desde el derecho a la protección de la salud y la seguridad, a la protección de sus intereses económicos, el derecho a la información y a la educación en materia de consumo, así como a la asistencia en la gestión de sus altercados como consecuencia del consumo e igualmente, debe incluir la información y orientación dirigida a los empresarios sobre la normativa y las buenas prácticas en materia de consumo.

Por ello, los participantes en esta mesa de trabajo han elogiado la iniciativa llevada a cabo por los dirigentes del programa electoral en la ciudad de Valencia ya que ha permitido conocer los servicios que presta la Oficina Municipal de Información y Defensa del Consumidor (OMIDC) con el fin de estrechar lazos e intercambiar impresiones a través de esta vía de colaboración.

Se ha informado que el Servicio de Información y Defensa al Consumidor del Ayuntamiento de Valencia contabiliza 5.688 reclamaciones, quejas y denuncias anualmente que se desglosan por temas (bienes y servicios), tipo de pretensión planteada y sexo de la persona consumidora que presenta la denuncia, queja o reclamación con el fin de detectar a aquellas empresas o sectores de mercado que suscitan mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores y actuar en consecuencia.

Los Inspectores de Consumo adscritos a la Unidad Técnica de Información e Inspección realizaron cerca de 900 visitas a establecimientos para realizar in situ la mediación pertinente e igualmente formalizaron 950 actas de inspección dentro de las actuaciones de control de mercado que llevan a cabo.

Asimismo, desde la OMIDC se informa y asesora a los consumidores a fin de que sean conocedores de sus derechos y apuesten por un consumo responsable. En 2014, se atendieron un total de 12.832 consultas relacionadas con la administración, los bancos y las entidades bancarias y la electricidad, en su mayoría.

A través del Centro de Recursos de Formación para Consumidores se han organizado 145 talleres para escolares, en los que participan niños y niñas con edades a partir de los cuatro años, así como estudiantes de las Universidades Populares. Más de 3.900 personas se forman cada año sobre cómo realizar un uso racional de los recursos naturales, la riqueza de consumir productos naturales, el consumo responsable en el día a día -ya sea en casa o en el colegio-, la garantía de un correcto etiquetado y su procedencia, la elección del comercio local y el respeto de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en los procesos de fabricación, la seguridad en Internet y el uso de las Redes Sociales, entre otros temas.

Los ayuntamientos tienen muchas competencias en materia de consumo. No solamente informan a los consumidores, sino que en muchos casos intervienen en la resolución de sus reclamaciones recurriendo a la mediación como uno de los mecanismos más adecuados para la resolución de conflictos o, en los casos en que no es posible el acuerdo, consiguen el convenio entre las partes para acudir al arbitraje de consumo. Por ello, los expertos han destacado el impulso de la Junta Arbitral de Consumo por parte del consistorio porque “el hecho de que las personas consumidoras se sientan arropadas y escuchadas en momentos donde no se sabe a quién recurrir y se es más vulnerable es todo un logro”.

El arbitraje con sus características de equidad, rapidez, gratuidad, simplicidad, carácter vinculante y ejecutivo, es un instrumento idóneo para resolver controversias surgidas de actos de consumo que por la cuantía de la mismas o la necesidad de inmediatez, nunca llegarían a los tribunales ordinarios, y sin embargo, introducen factores de incomodidad entre consumidores y comerciantes que no son deseados por ninguna de las partes.

Estos puntos, entre otros muchos, son los que se han trabajado a lo largo de la reunión. “Se ha recorrido un largo camino y se ha avanzado mucho” han apostillado en cuanto a la protección de los derechos del consumidor.

Finalmente se ha puesto de manifiesto la colaboración con las diferentes asociaciones de consumidores presentes en nuestra ciudad para permitir ofrecer mayor calidad en la gestión y mejorar la atención a las demandas de información y resolución de conflictos de consumo.