La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargada de investigar un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat, considera que Rafael Blasco --extitular de este departamento y actual síndic del PP en las Cortes regionales-- participó de los beneficios "ilícitos" de la trama y afirma que conocía las "irregularidades" y, sin embargo, no actuó. Así consta en un auto con fecha de 29 de junio, en el que la magistrada, tras considerar que Blasco pudo haber cometido un delito de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma la investigación, puesto que es a este órgano al que le corresponden las causas con aforados. Y Blasco lo es. De esta manera, la jueza ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, organismo que solicitó el traslado de la causa al TSJCV al estimar la existencia de indicios delictivos "razonables" y "suficientes" que acreditaban la participación de Blasco en los hechos investigados. En la causa, que cuenta con 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción, se investigan supuestas irregularidades en la concesión por parte de la Administración autonómica de subvenciones --entre los años 2008 a 2011-- destinadas a la cooperación al desarrollo para el tercer mundo, así como anomalías en la gestión de dichos fondos. Con la intención de obtener estos fondos, el empresario Augusto César Tauroni, quien actualmente se encuentra en prisión por esta causa, contactaba con pequeñas entidades, carentes de medios personales y materiales, para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo. Muchas de ellas no tenían trayectoria en el mundo de la cooperación, y a ellas les ofrecía gestionarles tanto la parte administrativa como la técnica de los proyectos. Entre estas entidades figura Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa y Fundación Cyes. Tauroni, según da como probado la jueza, decidió participar de forma directa, a través de la Fundación Entre Pueblos --posteriormente denominada Hemisferio--, o indirecta, a través de las pequeñas ONG, en las convocatorias públicas de subvenciones de la consejería, "al contar con la aprobación y apoyo" de Blasco, "quien atendiendo al cargo político desempeñado, le iba a favorecer en la aprobación de los proyectos que presentase". El propósito final era desviar buena parte de los fondos públicos y, para ello, Tauroni creó un entramado de empresas directamente relacionadas con él mismo, unas domiciliadas en España y algunas otras en EEUU. Estas mercantiles facturaban a las pequeñas entidades beneficiarias de las subvenciones y que, o bien no llevaban a cabo el servicio facturado, o bien el valor por el que se facturaba estaba muy por encima del precio ordinario del mercado. La jueza cita como ejemplo de esta práctica los proyectos otorgados a la Fundación Cyes en 2008 para abastecimiento de agua en Nicaragua y producción de alimentos. De lo que se desprende de algunas testificales, esta entidad no podía acreditar experiencia previa, con lo que los técnicos se negaban a hacer el correspondiente informe por el que Blasco podría aprobar las subvenciones.