España y Marruecos han abierto una nueva etapa en su relación bilateral aparcando las tradicionales diferencias políticas como la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla para priorizar la cooperación económica y apoyarse de forma mutua ante la crisis. La X Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países Gobiernos ha concluido con una rueda de prensa conjunta de los dos presidentes, Mariano Rajoy y Abdelilá Benkirane, en la que ambos se han esforzado por subrayar su voluntad de avanzar en lo que les une, dejando a un lado aquellos aspectos en los que no coinciden. Benkirane ha reconocido que la tradicional reivindicación marroquí sobre la soberanía de Ceuta y Melilla --que Rabat considera ciudades ocupadas por España-- precisa de un diálogo que habrá que iniciar "en su momento oportuno", pero no en este momento. Y ha revelado que el contencioso del Sáhara Occidental tampoco ha ocupado un lugar central en las conversaciones de hoy entre ambos Gobiernos, si bien es un tema que se ha abordado como siempre ocurre en el diálogo hispano marroquí. Aun así, ha intentado destacar los puntos de coincidencia en este asunto señalando que España y Marruecos están de acuerdo en que se trata de un conflicto que ha de resolverse en el marco de la ONU. En la declaración conjunta que han suscrito los dos Gobiernos al término de la RAN, los dos países reclaman la reanudación de las negociaciones entre Marruecos y el Polisario "de conformidad con las resoluciones y los parámetros claramente definidos por el Consejo de Seguridad, incluyendo el realismo y el espíritu de compromiso, para llegar a una solución política a este contencioso que ha durado demasiado tiempo". España saluda también los "esfuerzos serios y creíbles" de Marruecos en pro de una solución a este conflicto. En ese texto, la única petición que Marruecos efectúa a España tiene que ver con la colonia marroquí en nuestro país. Rabat pide a nuestro país que garantice a los ciudadanos marroquíes residentes en España (unos 800.000) la misma cobertura sanitaria que a los ciudadanos comunitarios, si bien el Gobierno de Rajoy no ha adoptado ningún compromiso en ese sentido.