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Sindicatos inician las reclamaciones contra la supresión de la extra de Navidad a los empleados públicos

Los sindicatos de la Plataforma Valenciana Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleados Públicos han iniciado este jueves las reclamaciones administrativas contra la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 como paso previo a la interposición de recursos contenciosos individuales. En concreto, se han presentado reclamaciones en los sectores de sanidad, educación, la Administración autonómica, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, las diputaciones de Valencia y Castellón, así como en los consorcios provinciales de bomberos. En rueda de prensa en la que han estado presentes todos los sindicatos de la plataforma, el presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), Daniel Matoses, ha explicado que la plataforma presentará contenciosos individuales en todos los sectores y provincias de la Comunitat, asumiendo las posibles costas judiciales. Así, se presentará un "pleito testigo" por sector, de modo que "una vez se obtengan las primeras sentencias favorables se solicitará la extensión de efectos" para que el derecho se reconozca a todos los empleados públicos valencianos. El inicio de las reclamaciones se produce un mes después de la fecha en la que los empleados públicos debían haber cobrado la paga extra, suprimida en virtud del real decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. "SOBRESUELDOS Y MENOSUELDOS" Según ha indicado, el objetivo final es que se ponga fin a una "injusticia" y a la "barbaridad tremenda" que supone la eliminación de la extra de Navidada los empleados públicos. Esto permitiría, según Matoses, que se pueda reducir el "abismo" entre "los "menosueldos" de los empleados públicos"y los "sobresueldos de los políticos". El dirigente sindical, en nombre de la plataforma, ha explicado que la providencia de la Audiencia Nacional en la que este órgano expresa sus dudas acerca de la constitucionalidad de la supresión de la paga les da "ánimos y esperanzas" y confirma que sus argumentos "tienen solidez", ya que en la fecha en la que se promulgó el decreto que eliminaba la paga "ya se habían adquirido derechos sobre ella" por parte de los trabajadores.

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