Pío Moa

La colaboración del Gobierno con la ETA, enmascarada como "proceso de paz" y "diálogo", convierte a ese Gobierno en delincuente y degenera el Estado de derecho y la democracia. Como mucha gente considera excesivo tildar al Gobierno de colaborador con el terrorismo, expondré el argumento de otro modo: Si usted dona diez mil euros a la ETA se hace reo de colaboración con banda armada. Si unos políticos regalan a sus terminales cientos de miles de euros de dinero público (obligándonos a pagarlo a todos), siguen tan campantes en sus puestos y privilegios. Si usted indica a la ETA el domicilio de algún posible "objetivo", puede ir a la cárcel. Si unos políticos facilitan a la ETA, tras legalizar sus terminales, el censo de ciudadanos en el cual pueden investigar los terroristas en busca de víctimas, la ley no se aplica. Si llegan incluso al chivatazo directo a los etarras, jueces prevaricadores pueden boicotear el curso de la ley para mantener a los políticos a salvo de esta. Si usted escribe un artículo ultrajando a las víctimas más directas de la ETA, puede ser procesado. Si unos políticos como Peces-Barba, por órdenes de Rodríguez, tratan de intimidar, silenciar, dividir y desacreditar a la AVT, algo cien veces más grave que un escrito ultrajante, siguen en sus puestos sin ningún problema. Si usted escribe un artículo elogiando a la ETA, le puede caer una querella por apología del terrorismo. Si unos políticos llevan a los representantes etarras a Bruselas para darles proyección internacional, los presentan como inclinados a la "paz" mientras presentan como lo contrario a las víctimas, cosas de gravedad incalculablemente mayor que un escrito de un particular, nuevamente la ley no cuenta para ellos. Si usted, en un ayuntamiento o un parlamento regional, facilita la actuación de los etarras o pisotea la ley hasta el punto de nombrar a un asesino múltiple encargado de los "derechos humanos"... quizá le pase algo. O nada, porque en este caso usted será un político y no un particular, con lo que la ley no se le aplica, o solo de forma muy distinta que a los ciudadanos corrientes. Pero si un Gobierno, por complacer a los asesinos, inventa unos "estatutos de nueva generación" que dejan en residual el Estado español -un desmán infinitamente más grave que cualquiera de los demás-, es presentado por los medios de comunicación como un esfuerzo por "el entendimiento", y los jueces callan. Y así sucesivamente. La colaboración del Gobierno con la ETA, enmascarada como "proceso de paz" y "diálogo", convierte a ese Gobierno en delincuente y degenera el Estado de derecho y la democracia. Y la no aplicación de la ley, permitiendo a los políticos situarse por encima de ella, revela que la justicia en España está a su vez envilecida por los enemigos de Montesquieu, incluido el PP. Como incluye al PP la responsabilidad por todo este proceso, ya que ese partido no ha ejercido de oposición ("la economía lo es todo", dice su líder-pensador). Nos encontramos con una democracia en plena involución, dirigida pura y simplemente por políticos corruptos que han convertido su profesión en una forma de delincuencia.