ASOCIACIÃ"N POR LA TOLERANCIA E IMPULSO CIUDADANO PIDEN AL REY QUE EJERZA SU PAPEL MODERADOR ANTE LA INSUMISIÃ"N DEL GOBIERNO DE CATALUÃ"A FRENTE A LAS SENTENCIAS DEL TC Y DEL TS

Los presidentes de la Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano, Eduardo López-Dóriga y José Domingo, han dirigido en el día de hoy la carta que se acompaña al Rey de España solicitando que conmine a los representantes del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de la Nación para que cumplan y acaten la Constitución, las leyes en general y las sentencias de los más altos Tribunales españoles. La petición se fundamenta en el papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que le reconoce al Rey el artículo 56 de la Constitución española, y tiene su razón de ser en que los máximos representantes del gobierno catalán han hecho ostentación pública de desacato por omisión y por acción, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que mandaban a la Generalidad de Cataluña a introducir el castellano como lengua vehicular en todos los niveles educativos, en proporción equitativa con el catalán. A juicio de las asociaciones esta actitud está contribuyendo a crear un clima de inseguridad jurídica e insurrección de alcance aún desconocido que puede poner en peligro la estabilidad del sistema constitucional español.

En el curso de la misiva, se denuncian las manifestaciones formuladas por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, con motivo de la reciente audiencia que le concedió al Rey. Para las asociaciones firmantes, la realidad es muy distinta a la descrita por el más alto representante del Estado en Cataluña ya que en la práctica, son los Gobiernos autonómicos y municipales quienes practican una sistemática discriminación hacia quienes se identifican con el idioma español. En la misiva se relacionan algunos hechos que confirman la situación discriminatoria como el empleo del idioma catalán con carácter exclusivo por parte de las administraciones autonómica la aplicación del modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán la implantación de un modelo coactivo de las relaciones de consumo que imponen fuertes sanciones a quienes rotulen sólo en español, pero no así a quienes rotulan sólo en catalán y la consolidación de una política de subvenciones dirigida casi exclusivamente al fomento de la lengua catalana, marginando la utilización del idioma español.

Asimismo, las asociaciones han solicitado una audiencia real para exponerle la preocupación que sienten ante la actual situación política en Cataluña y la reiterada vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en nuestra Comunidad autónoma.