Juan Pascual García

Después de las revelaciones de El Mundo sobre las actas de la negociación entre la ETA y el gobierno, éste intenta ganarse a la opinión pública mediante dos estrategias. Una es la del elogio de lo realizado. La otra consiste en la legitimización de las negociaciones a través de la tradición. Todos los demás gobiernos habrían negociado y entablado conversaciones con los etarras, por lo que el actual gobierno solo seguiría una línea ya trazada. Es una justificación similar a la legitimización del GAL. Aquella consistía primero en negar la responsabilidad sobre el GAL, para a continuación anunciar que en caso de responsabilidad no hubiera pasado nada ya que en realidad el GAL estaba muy bien. No hemos sido, pero si somos nosotros mejor todavía. La actual justificación consiste en decir que hemos sido nosotros pero tampoco pasa nada por negociar ya que las conversaciones con los etarras son buenas y las han llevado a cabo todos los gobiernos. Ambas justificaciones indican mala conciencia o miedo al rechazo de la opinión pública.

Las conversaciones durante los últimos años de los socialistas con la ETA no tienen comparación, que se sepa, con ninguna anterior. Han sido muy prolongadas. Los enviados del gobierno o los líderes de los socialistas vascos se han reunido decenas de veces con los enviados de los etarras. Además, los negociadores del gobierno han puesto al Estado español al nivel de la ETA. Así, se llegaba a igualar a las detenciones con los asesinatos. Para el gobierno, el Estado de derecho con todos sus límites y reglas para respetar los derechos de los detenidos sería lo mismo que poner una bomba en un coche. Por último, si lo mostrado en las actas publicadas es cierto, no se trataría ya de una negociación para poner fin a la ETA sino de unas conversaciones para alcanzar un pacto. Si el gobierno cambió al fiscal Fungairiño, puso a Rubalcaba en Interior, dio órdenes de detener el menor número de etarras posible, llegó a plantear la financiación de ETA con fondos del Estado y evitó, gracias al chivatazo del bar Faisán, que el aparato de extorsión fuera desmantelado, no se podría hablar de una negociación sino de prácticamente colaboración. Por tanto, las actas, si son ciertas, muestran que el gobierno no quiere que ETA sea realmente derrotada. Más bien revelan el deseo de una izquierda abertzale aliada con los socialistas como ERC lo está en Cataluña. Ponderemos la gravedad de la situación actual comparándola con una situación de guerra entre naciones en la que el gobierno de una ofreciera información sobre movimientos de tropas o cambiase a generales para contentar al enemigo. No se hablaría de negociación para llegar a la paz o al armisticio sino de simple traición. El agravante actual radica en que no son dos naciones las que pelean. Aquí de un lado está (o debería estar) un estado de derecho y del otro una banda de asesinos.

Por qué un gobierno, incluso cuando la economía funcionaba, desearía embarcarse en una negociación, o colaboración más bien, tan arriesgada. Simplemente debido a que el gobierno socialista comparte algunos de los objetivos de la banda. El actual PSOE es el partido del estatuto de Cataluña y del rechazo a la transición. El gobierno es, aunque sea increíble, antiespañol. Para los socialistas España es un invento, poco menos que fascista, que no tiene base histórica ni constituye nación alguna. España sería un error histórico que tan solo provoca enfrentamientos entre pueblos que al parecer sí tienen un fundamento real. Así que mejor desmembrar España en una serie de repúblicas que no sabríamos cómo serían excepto que siempre serían socialistas.