La esposa del diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, Anna Vidal, ha justificado este lunes ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que facturó 200.000 euros a la empresa Alta Partners --del imputado en el caso ITV Sergi Alsina-- por asesorar a la sociedad para buscar alternativas a raíz de la deslocalización de Sharp.
Según han explicado fuentes judiciales, ha declarado como testigo una hora ante el juez Enric Anglada, que investiga una presunta trama que intentó amañar concursos de ITV y en la que está imputado Pujol como cooperador necesario.
Vidal ha explicado que su relación laboral con Alta Partners viene de lejos y que ha trabajado con ellos por trabajos de consultoría, que facturaba a través de su empresa Avima, según las mismas fuentes.
En concreto, Vidal, que es abogada y economista, ha explicado que en el caso de Sharp elaboró un informe para buscar alternativas ante el cierre de la empresa en España.
Según ha explicado al tribunal, los 200.000 euros cobrados son una parte de la minuta que cobró Alsina por los trabajos de asesoramiento, pero no ha concretado con qué porcentaje de la cifra se corresponde.
Ha negado tener una cuenta conjunta millonaria con la empresa de Sergi Alsina, en la que se ingresaron 6,9 millones por la asesoría en las reconversiones de Sharp, Yamaha y Sony para conseguir inversores que se quedaran con los activos de estas multinacionales.
CUENTA COMÚN
Sí ha dicho que tiene una cuenta común con Alsina pero que sólo les sirve para pagar los gastos de suministros de las casas de Urús, en la Cerdanya, que tienen las dos familias puerta con puerta, pero que esta nunca había superado los mil euros, según han explicado fuentes judiciales.
Los investigadores sospechan que ella pudo facturar algunos trabajos de forma irregular ya que su empresa Avima facturó en total unos 20.000 euros en 2010, y al año siguiente sus ingresos superaron los 200.000.
Anna Vidal --que ha llegado sola al TSJC para declarar-- es la primera de los cuatro testigos que ha comparecido este lunes dos de ellos, empresarios del sector de las ITV, de las empresas Oca e Itevelesa, que habían presentado recursos contra los concursos del tripartito, y el exdiputado convergente y abogado Heribert Padrol.
El empresario que tenía una estación de ITV en Sant Fruitós del Bages (Barcelona) y que ha declarado como testigo ha confirmado que recibió presiones para abandonar esta planta y aceptar el nuevo mapa de estaciones que proponían los imputados.
El otro de los empresarios de las ITV ha confirmado que presentó varios recursos contra los concursos del tripartito y el abogado Padrol ha admitido que se reunió varias veces con Josep Tous, que había sido contratado por la Generalitat para elaborar el nuevo mapa de estaciones.