¿Selección encubierta? Otra de las acusaciones más frecuentes es la de que las escuelas concertadas provocan una especie de selección del mejor alumnado a través de las cuotas, que impiden a las familias más desfavorecidas acceder a sus plazas. Tal crítica supone, de manera simplista, que los mejores alumnos son los que provienen de familias con más dinero. Además, olvida el hecho de que las cuotas son voluntarias. La acusación de elitismo sirve en muchos casos para encubrir los problemas específicos que aquejan a la escuela pública. Uno de ellos es la concentración de extranjeros en sus aulas. Nadie niega que la acumulación de estos alumnos -cerca de un 80% estudia en centros públicos- genera frecuentemente problemas de integración. Pero esto es también una consecuencia de que las plazas en los centros públicos y concertados se adjudican, en buena parte, según el domicilio del alumno. La realidad es que las normas de admisión de cualquier centro concertado han de ajustarse a una regulación específica, prácticamente igual a la de la enseñanza pública. Si existe algún tipo de favoritismo o exclusión es tan denunciable como si ocurriera en un colegio público. Ahorro para el Estado En muchas ocasiones el debate acerca de la escuela concertada se contamina de otros, como el de si es legítimo que las arcas públicas de un estado laico subvencionen centros confesionales. Los centros concertados suponen actualmente un ahorro de más de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas En ambos casos, el argumento suele ser el mismo: el que quiera una escuela diferente -diferente de la pública, se entiende-, que se la pague él, no con el dinero de todos. Lo que ocurre es que en ese "todos" están incluidos también los padres que llevan a sus hijos a centro privados o concertados, confesionales o no, y que por tanto no se benefician directamente de los impuestos con los que contribuyen al sostenimiento de los centros públicos, que constituyen el 70% del total. Una proporción que no está acorde con el gasto presupuestario. En todas las comunidades autónomas españolas el porcentaje del presupuesto de educación destinado a las escuelas concertadas es inferior al que les correspondería por el número de alumnos que estudian en este tipo de colegios. En total, según datos de la CECE, los centros concertados suponen actualmente un ahorro de más de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Sin las cuotas destinadas a cubrir las denominadas "actividades complementarias" los colegios concertados no podrían mantenerse El error de fondo es confundir dinero público con dinero del Estado. En realidad, el dinero público es de la sociedad, y la elevada demanda de plazas en los centros concertados indica que la sociedad está a favor de este tipo de escuelas. El derecho a la educación reside en los padres, y la elección del centro es una parte importante de ese derecho. Los retos del sistema público En principio, la escuela pública tiene muchas bazas que juegan a su favor y debería atraer a los mejores profesores. Las oposiciones de acceso aseguran en teoría la competencia profesional de los docentes. Además, la ratio de alumnos por profesor en la pública es inferior a la de la escuela concertada, que acoge a un 28% del alumnado frente al 24% de los docentes. Si a esto añadimos que los sueldos de los profesores en la pública son netamente superiores -un 25% según CC.OO. y más de un 40% según la FERE- y que su jornada lectiva semanal es en torno a un 25% menor, lo lógico sería esperar un profesorado altamente motivado y capacitado para realizar su trabajo. A pesar de todo, el rendimiento académico no es mejor en los centros públicos: durante la etapa obligatoria el abandono escolar en los centros públicos es del 33%, mientras que en la concertada se queda en el 13,9%. Los que repiten curso durante esta etapa son el doble en la pública, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación para el curso 2007-2008. Ya en Bachillerato, el 86,65% de los alumnos de escuelas concertadas consigue titularse, frente al 70,7% de los alumnos de escuelas públicas. Un dato que tener en cuenta es el envejecimiento del profesorado en los centros públicos: solo un 37,6% tiene menos de 40 años, frente al 49% en la concertada.