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Así, en su primer punto Romeu dice que "el PSOE tiene la obligación histórica de liderar las mayores reformas democráticas para devolver la confianza a la gente en las instituciones y hacer el sistema más participativo". En su punto dos, defiende "la elección por sufragio general del fiscal general del estado, fiscal anti corrupción y defensor del pueblo". En el tercero, propone "listas abiertas y primarias en los partidos y listas desbloqueadas en el sistema electoral. Reforma necesaria de la ley electoral para dar más control y fiscalización a la ciudadanía de sus representantes políticos". El punto cuatro pide la "elección del presidente del gobierno en elecciones separadas al parlamento y duración máxima de 8 años". El quinto: "los asesores políticos técnicos, asesores técnicos de los políticos y no colocación endogámica de los partidos. Los asesores están para que los representantes públicos hagan mejor su servicio". El sexto reclama un "referéndum para decidir la jefatura del estado. Implantación del estatuto de la Casa Real para controlar toda acción y patrimonio de sus miembros." El séptimo punto defiende la "eliminación de subdelegados del gobierno y delegados provinciales de gobiernos regionales. Eliminar instituciones que no cumpla los criterios de elección directa como las diputaciones. Ese dinero: para empleo.
El octavo punto solicita "referéndums obligatorios para los asuntos que afecten a los derechos y libertades y organización territorial del estado y reducción de firmas para la presentación de la iniciativa popular de obligada consideración en las Cortes. El noveno exige la "fijación de los salarios de los responsables públicos por ley" y el décimo y último la "eliminación del Senado y creación de la comisión federal en el propio congreso de los diputados".