Carlos Dómine

Con el devenir de los años, hemos podido observar cómo esa triple partición funciona, siempre que dichas patitas permanezcan bien separadas. Democracias reales y avanzadas -como la estadounidense, la británica o la gala- han asentado su progreso en esa separación, más o menos pura.

Simulacros de democracia -como la española-, por el contrario, han reafirmado su incapacidad y descrédito borrando las líneas que separan los susodichos poderes:

En la baqueteada España, asistimos a una vergonzosa confusión entre el poder ejecutivo y el legislativo: el presidente del Gobierno es elegido por el legislativo, y no directamente por el pueblo. Nos ahorran, así, nuestros bienintencionados gobernantes, la "molestia" de asistir a citas electorales diferentes -una para el ejecutivo y otra para el legislativo- como, por el contrario, sucede en democracias reales, como la estadounidense.

El poder judicial tampoco se salva de este melting pot de confusión y, por ende, asistimos al lamentable espectáculo de una cúpula del Tribunal Supremo, de un Consejo General del Poder Judicial y de un Tribunal Constitucional, pactados entre los distintos partidos y de un fiscal general del Estado nombrado directamente por el ejecutivo. Un tres por uno de oferta, vamos: usted elige al legislativo y nosotros decidimos por usted el ejecutivo y el judicial.

Para más inri, nos han "dotado", además, de un Jefe de Estado que nadie ha elegido y que -si hacemos la concesión de que lo "eligieron" aquellos antepasados nuestros que aprobaron la Constitución de 1978-, al menos, nos impiden revalidar democrática y periódicamente.

En España, pues, sólo existe un poder real: el legislativo. O el legislativoejecutivo, que, para el caso, es lo mismo.

Se impone, pues, la apremiante necesidad de una separación auténtica de poderes, democrática, cuyo único camino es el entierro -o la incineración, más a la moda- de esta Constitución.

Abogo, además, por la creación de un nuevo poder. Un cuarto poder, que no sería, en este caso, el de la prensa.

Un cuarto poder que podríamos llamar el poder Auditor, o Controlador -como ustedes prefieran.

Un cuarto poder conformado por todos los grupos de la oposición, menos el partido gobernante.

Un cuarto poder que tuviera la capacidad auditora de investigar libre e inmediatamente cualquier acción del ejecutivo que empezara a pisar con sus deditos la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. Un cuarto poder que pudiera investigar -por todos los medios y sin la mediación de fiscales generales del Estado nombrados por el propio Gobierno- los casos faisanes, los onceemes, los gales y tantos otros casos encerrados en el cobarde baúl del silencio.

Aquí dejo esta propuesta y espero que mi voz deje de clamar en el desierto.