David Lozano
El conseller Rafael Blasco ha impulsado un plan para devolver la confianza de la gente en la clase política dando a conocer los bienes de todos los cargos electos valencianos
Mientras el siempre mediático presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, dice ahora que es partidario de publicar la declaración de bienes de sus señorías, la Comunidad Valenciana le lleva cierta ventaja porque hace tiempo que adoptó esta postura gracias a la iniciativa del conseller de Ciudadanía, Rafael Blasco, que ha hecho pasar por esta declaración de bienes y actividades a casi 1.000 cargos públicos valencianos, empezando por los concejales y alcaldes y terminando por diputados autonómicos o miembros del Gobierno valenciano. Algo más que un gesto en estos tiempos que corren en los políticos no cuentan con el respaldo del pueblo porque, según las últimas encuestas del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema más importante del país, sólo por detrás del paro y de las consecuencias de la crisis económica.
Así que el conseller "cerebro" de Francisco Camps se ha puesto manos a la obra y ante este desolador panorama ha emprendido una cruzada en toda regla para que la transparencia impere en todos los niveles de la administración pública valenciana. Blasco está decidido a acabar con la nefasta imagen de los gobernantes a todos los niveles de la administración pública. Desde los componentes del Consell hasta la última pobación de la Comunidad Valenciana están obligados a hacer público su patrimonio. Para ello ha elaborado un plan de acción en el que la obligación afectó primero a los diputados autonómicos. Poco después de llegar al cargo de portavoz del grupo parlamentario del PP, impulsó la reforma del Reglamento de la Cámara autonómica para permitir que las declaraciones de bienes y actividades de los diputados se publicaran en el Boletín Oficial de Les Corts. Una medida aprobaba y que se materializaba el 23 de febrero. Los altos cargos del Gobierno valenciano no quedaron exentos y también se sometieron al "estreptease patrimonial". En de abril, el Diario Oficial de la Generalitat publicaba los bienes de 186 altos cargos del Consell. En el listado aparecían, además de los bienes del presidente, los de los consellers, directores generales o gerentes de fundaciones. Fue el "segundo asalto" de Blasco en aras de incrementar la transparencia en la vida pública. Ahora con elecciones municipales a la vista a Blasco no le ha temblado el pulso y se ha zambullido de lleno. El nuevo propósito, airear el patrimonio de los 5.602 cargos municipales. Alcaldes y concejales de las 542 corporaciones locales valencianas deberán difundir a través de los Boletines Oficiales de la Provincia sus declaraciones de bienes, rentas y actividades. Antes de que finalice el actual mandato, los ediles de la cosecha electoral del 2007 también deberán difundir el estado de sus cuentas. Blasco sabe que el patrimonio de los políticos es un terreno recurrente abonado por las suspicacias. Los cargos públicos electos de todos los niveles ya estaban obligados a presentar una declaración de bienes al principio y al final de cada legislatura. La novedad de esta "cruzada Blasco" reside en airear y dar a conocer esas cifras que hasta ahora se custodiaban en los archivos de las administraciones. Medidas que merecen el calificativo de históricas, ya que ningún parlamento del Estado se ha propuesto desenmascarar dar respuesta a una de las incógnitas más desconocidas y codiciadas de la clase política, su patrimonio.