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Diputación de Alicante destina el ahorro de eventuales a convenios laborales e inversiones deportivas

La Diputación de Alicante llevará a cabo una modificación presupuestaria por importe de 882.767 euros. El vicepresidente de la institución provincial y diputado de Economía y Hacienda César Augusto Asencio ha informado esta mañana que esta modificación se destinará, principalmente, a cubrir los compromisos recogidos en los convenios laborales de la institución y a inversiones en otras áreas, especialmente en Deportes y Bienestar Social.

Asencio ha explicado que se trata de una modificación que no incrementa el gasto de la institución provincial, ya que se financia íntegramente con ahorros procedentes de otras partidas.

La reducción del número de contratos eventuales -supresión de gerencias- ha permitido un ahorro de 505.650 euros, mientras que 353.447 euros proceden de la contención en materia de contratación laboral.

Un total de 851.332 euros de la modificación del crédito se destinará a cubrir distintas actividades en áreas como Recursos Humanos y Deportes.

El diputado ha señalado que "lo importante de esta modificación es que estamos cubriendo con el propio presupuesto de la institución el esfuerzo que llevamos a cabo en áreas como Deportes, principalmente, y en cubrir otras necesidades que van surgiendo. Es decir, que no estamos incrementando el gasto real, estamos reasignando recursos y con lo que tenemos, ejecutando el presupuesto".

Por otra parte, el resto de la modificación, 31.435 euros procedentes de ajustes del propio presupuesto, se invertirá en distintas áreas, especialmente en Bienestar Social, a la que se destinará el 86% del total.

Central de Compras

Por otra parte, Asencio ha informado de la situación en la que se encuentra la Central de Compras impulsada por la Diputación, cuya viabilidad depende de la resolución del contrato de suministro eléctrico, a la que se adhirieron 81 municipios y 10 entidades de la provincia.

En este sentido, el diputado ha explicado que sólo una empresa optó al concurso que, no obstante, se declaró desierto el pasado 29 de junio ya que la mercantil no se ajustaba a la Ley de Contratos del Estado.

El nuevo equipo de gobierno está estudiando en estos momentos, según ha señalado, la viabilidad del proyecto, que podría resultar beneficioso para los ayuntamientos ya que se reduce el precio medio del kilowatio.

Con este objetivo se está barajando la posibilidad de recurrir al procedimiento negociado que permita a la empresa subsanar aquellos aspectos que no se ajustan a la legalidad y sacar adelante el proyecto.


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