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De la Vega no deja ni que los muertos descansen en paz

Vicente Nadal

El Gobierno aseguró que no iba a exhumar los cadáveres cuando los forenses ya llevaban una semana haciéndolo. A las familias se les exigió que no contaran nada ni hablaran con la prensa

Forenses entraron el pasado 6 de septiembre por primera vez en las tumbas sin orden judicial ni mandato por parte de un juzgado

Vicepresidencia se saltó a la torera la legalidad y abrió en secreto la cripta. Un equipo de forenses entró el pasado 6 de septiembre por primera vez en las tumbas sin orden judicial ni mandato por parte de un juzgado. El estado de los osarios es "inviable", y por tanto la identificación de los cadáveres no es posible, según comunicó el Ejecutivo a los familiares que lo habían solicitado.

Precisamente, las familias que habían solicitado la exhumación de restos estuvieron presentes en la basílica mientras se abrió la cripta, aunque Vicepresidencia del Gobierno les comunicó que no podían hacer pública su visita ni hablar con la prensa.

Después de que la noticia saltara a las primeras páginas de todos los medios el gabinete de Fernández de la Vega emitió un comunicado en el que reconoce haber ordenado entrar, aunque alega que todo se hizo siguiendo la "legalidad". "Se han realizado entre los meses de mayo y septiembre distintas prospecciones en las criptas, para comprobar el estado de los osarios, sin que se haya procedido a ninguna exhumación ni traslado", subraya el Ministerio. Añade, además, que los estudios forenses "aún no han concluido" pero que, una vez finalizados, el Gobierno dará a conocer sus conclusiones "tanto a las distintas fuerzas políticas del arco parlamentario como a las asociaciones y familiares interesados".

Ni siquiera los monjes benedictinos que residen en el monumento fueron informados de que se iba a abrir el osario, en el que se encuentran restos de 40.000 personas. Sólo nueve familias habían reclamado los cuerpos de sus seres queridos, nueve republicanos asesinados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo sin el conocimiento de sus familiares.

Una vez que la vía judicial se estancó, estas familias acudieron al Ministerio de la Presidencia, donde presentaron un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero su petición fue denegada y el Gobierno comunicó públicamente el 16 de septiembre que no se procedería a la exhumación de restos del Valle de los Caídos. En esa fecha los forenses llevaban ya más de una semana buscando en los osarios. Lo que quiere decir que el Ejecutivo mintió descaradamente.

Los expertos accedieron a los seis osarios de las capillas laterales del templo y a los dos más grandes de tres plantas cada uno y perpendiculares al altar central. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia. Los forenses comprobaron que los cofres se han podrido por la humedad y que es prácticamente imposible retirar un cuerpo determinado, o una caja independiente de otra. Según la revista, los restos están mezclados y no es posible distinguir unos de otros.

El problema reside en que la Ley de Memoria Histórica cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, el precio de un análisis de ADN con garantías judiciales es de 400 euros y los enterrados en el Valle de los Caídos son miles.

El mismo semanario informa de que la bandera de España que se encuentra dibujada en los frescos de la cúpula de la basílica sobre piedra troquelada está tapada con una gran tabla de madera, dado que no fue posible borrarla con ningún tipo de disolvente. La Ley de Memoria Histórica prohíbe la exhibición de símbolos predemocráticos en cualquier espacio público. Una norma que afecta al Valle de los Caídos, donde no se puede entrar con la bandera española ni siquiera con el emblema constitucional.


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