El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio", y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse a la moratoria recogida en el decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja. Así lo ha avanzado durante su defensa del decreto, afirmando que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas" y reclamando el voto favorable de la oposición tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios. "Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido, abogando también por trabajar para mantener la tasa de mora en el reducido 3% actual. Así, ha subrayado que el decreto tiene como objetivo "proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad" con una moratoria del lanzamiento de dos años, periodo en el que el Gobierno confía que "puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan" ya que la mayor parte de los impagos son por circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y el paro.

MEDIDAS DEL DECRETO

Para ello, se podrá aplicar la moratoria a quienes cumplan unas condiciones económicas como no superar tres veces el IPREM, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos, que en los últimos cuatro años la hipoteca haya pasado a suponer un porcentaje mayor de los recursos familiares y que sea el crédito sobre la primera vivienda. Además, podrán acogerse las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, con un menor de tres años o con un miembro discapacitado que haya al menos un parado que haya agotado las prestaciones, que convivan una o más personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave o que el deudor sea víctima de violencia de género. Según ha avanzado el ministro, hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, aunque ha aventurado que no se llegará a esa cifra. Sin embargo, este dato no llega ni a la quinta parte de los 621.000 posibles beneficiarios que el propio Guindos anunció en Bruselas una semana después de presentar el decreto. Junto con la moratoria de dos años en los lanzamientos, también se prevé el"impulso urgente" a la creación de un Fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios "muy razonables" para personas que han perdido su vivienda. En este sentido, Guindos ha asegurado que el Gobierno ya tiene el "compromiso" de entidades financieras para aportar 6.000 viviendas al Fondo Social para alquiler que prevé el decreto. "No es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías", ha añadido el ministro.