Redacción

La alcaldesa del Valencia, Rita Barberá, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos "para continuar sirviendo a nuestros vecinos, para ser fuertes y dinámicos como motores de la recuperación económica, para ser garantes del bienestar de nuestra sociedad, para seguir vertebrando España y que seamos cauce y catalizadores de las ilusiones y de las esperanzas de nuestros vecinos".

La alcaldesa de Valencia ha destacado que "somos los ayuntamientos quienes debemos levantar la bandera de la lucha contra la corrupción y de la regeneración democrática. Tenemos que reivindicar y sentirnos orgullosos de la tarea municipal".

En su intervención en el acto de apertura de la XVII Unión Intermunicipal Popular que se celebra en Zaragoza, Barberá ha afirmado que "estamos al límite, hemos llegado al hartazgo ante tanta palabrería, ante el desprecio, ante la mentira y ante la descalificación infundada, sectaria e interesada hacia los ayuntamientos y, especialmente, hacia los ayuntamientos del PP".

La dirigente del PP ha expresado que los ayuntamientos "nos sentimos abandonados por la ausencia de rumbo, de propuestas y de soluciones de Zapatero y nos vemos vilipendiados por un Gobierno y un presidente que, para exculparse, culpa de la deuda española y de la crisis en los ayuntamientos". En este sentido ha defendido que, al contario, los entes locales están resolviendo un gran porcentaje de las políticas sociales y asistenciales "mientras Zapatero, de forma irresponsable, sigue dando subvenciones con criterios ideológicos para mantenerse en el poder. Lo único que le preocupa es ocupar la presidencia aunque le gobiernen otros".

"¿Cómo se nos puede inculpar de tanta responsabilidad respecto del total de la deuda pública si la de los entes locales es un 6,1% del total frente al 17,5% de las Comunidades Autónomas y el 76,4% del Estado? Ni el mismo Zapatero podría aplicarse a la administración del Estado lo que está exigiendo a los ayuntamientos", ha añadido.

DECISIONES ARBITRARIAS Y EQUIVOCADAS

Barberá ha subrayado que los presupuestos municipales sufren las consecuencias directas de las decisiones económicas tomadas por el Gobierno, a las que ha calificado de "discriminatorias, sectarias, arbitrarias y equivocadas que han pisoteado la capacidad de gestión de los ayuntamientos y que han alterado las reglas del juego sumiéndonos en la inseguridad jurídica".

La alcaldesa de Valencia ha acusado a Zapatero de jugar continuamente con los ayuntamientos. "Nos ha mentido, nos ha despreciado, nos ha utilizado cuando le conveníamos pensando que con los Planes E iba a tapar sus vergüenzas del creciente paro. Y el paro ahí está, creciendo", ha denunciado.

"El Gobierno nos ha convertido en la cucaña de los comentarios políticos, en el pim pam pumtragaldabas de recursos, como unos manirrotos caprichosos, como una amenaza para la recuperación España" de las tertulias y, esto es, francamente, descorazonador y profundamente injusto, porque estamos a pie de calle atendiendo las necesidades de nuestros vecinos. Este Gobierno ha conseguido que los ayuntamientos seamos vistos, a los ojos de los ciudadanos, como auténticos , ha lamentado.

ZAPATERO ES UN LASTRE

Barberá ha asegurado que "Zapatero ya ni gobierna, es un lastre para sus compañeros" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido recientemente en Valencia, cuando los dirigentes socialistas valencianos no quisieron que Zapatero presentara a los candidatos del PSOE a la Generalitat valenciana y a los ayuntamientos y tuvo que hacerlo Rubalcaba. "De otra forma le iría a España si Zapatero hubiera aprendido a gobernar en un ayuntamiento como concejal, aunque sea de marina", ha ironizado

La dirigente del PP ha pedido que se recurran ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado porque "con la limitación arbitraria de la posibilidad de endeudamiento están vulnerando el principio de seguridad jurídica, están incurriendo en arbitrariedad e ignoran la exigencia de la autonomía financiera, que es la consecuencia directa del principio de autonomía local".

Por último, Barberá ha exigido un nuevo modelo de financiación local y que se respete el mandato constitucional para que las Comunidades Autónomas cumplan la Constitución y regulen la participación de los entes locales en los tributos autonómicos.