Vicente Nadal

Ya se encargan, Almudena Grande, Miguel Ríos, José Millás o Pilar Bardem que la del 29-S sea la protesta con los objetivos más abstractos de la historia democrática: está dirigida contra la oposición y en defensa de los derechos sindicales, además de los mismos sindicatos.

De la misma manera que la huelga del 14-D de 1988 pasó a la historia como "el día en que pararon hasta los relojes", la del 29-S de 2010 se convertirá en "la huelga putada", como la definió el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Es una protesta que nadie quiere hacer y como comenta en privado un veterano sindicalista, se hace "para salvar la cara ante sus bases". De las siete protestas que se han convocado desde 1977, sin lugar a duda ésta es la que presenta unos objetivos más abstractos. Realmente nadie sabe muy bien por qué se protesta ni qué se piensa conseguir con este paro. Paradójicamente, la movilización podrá ser un gran éxito en cuanto a seguimiento, pero también un rotundo fracaso en cuanto a los resultados conseguidos. Lo importante desde el punto de vista mediático es el número de personas que no acudan a su puesto de trabajo, aunque esta ausencia se haya producido al margen de su voluntad. "La vieja máxima sindical dice que la clave del éxito de una huelga general está en el transporte" y esto sólo se consigue con la actuación de piquetes informativos. El 29-S se ha convertido en una auténtica prueba para UGT y CCOO. Si su seguimiento es desigual, como sucedió en la huelga general de funcionarios en el mes de junio, quedará en cuestión su representatividad. Sobre todo, después del duro ataque que ha lanzado contra ellos la derecha por su financiación y el elevado número de liberados que sostiene el sector público. Si por el contrario la protesta tiene un seguimiento notable, como todo parece indicar a menos de una semana, el problema será cómo lo administran los dirigentes sindicales. Los sindicatos tienen que demostrar ante los trabajadores que les han apoyado por qué han sacrificado un día de su jornal. CCOO y UGT siempre han argumentado que una huelga general es una inversión a largo plazo. Sin embargo, en esta ocasión tienen muy difícil convencer con este argumento. Si la protesta se hace por la bajada del salario de los funcionarios y por la congelación de las pensiones, parece imposible que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pueda dar marcha atrás. El presidente tiene que culminar el ajuste presupuestario que contempla un recorte en algunas partidas de inversión hasta el 50 por ciento.

Si el motivo es la "descafeinada" reforma laboral aprobada el 9 de septiembre en el Congreso de los Diputados tampoco parece que pueda ser modificada una vez publicada en el BOE. Por el contrario, los sindicatos tendrán que enfrentarse a una reforma de las pensiones que por sí misma -para la lógica sindical- justificaría tres huelgas generales como ésta. Es decir, que si no quieren caldo con la reforma, tres tazas. Sin dañar al Gobierno Pero lo más llamativo de esta peculiar huelga general es que no se quiere dañar al Gobierno. A diferencia de la huelga del 14-D de 1988, donde existía un duro enfrentamiento entre Nicolás Redondo y Felipe González, o la del 20-J de 2002, cuando el enfrentamiento era con José María Aznar, en esta ocasión no quieren perjudicar al Ejecutivo de Zapatero. Debilitar aún más al actual Gobierno supone facilitar la llegada al poder del PP, cuyo planteamiento económico es aún más duro para las tesis sindicales. Por esta razón han aprovechado el error estratégico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la inoportuna polémica de los liberados sindicales para salirse por la tangente. La huelga ahora está dirigida contra la oposición.