Fondos que no cubren el coste El problema aparece cuando, en virtud de que los concertados pueden recibir ayuda económica de los padres, la Administración interpreta que de hecho la reciben, y que por tanto necesitan menos dinero público. Solo un razonamiento así puede explicar la inmensa diferencia entre lo que perciben las escuelas públicas y las concertadas: la plaza en un centro público cuesta al fisco una media de 6.567 euros anuales, por los 2.771 de la plaza concertada. Además, a lo que los colegios públicos reciben de las comunidades autónomas hay que añadir los gastos que sufragan los ayuntamientos, o las consejerías de Educación en el caso de los institutos: agua, luz, conserjería o construcción de nuevas instalaciones como polideportivos. En cambio, la escuela concertada debe financiarse estos mismos conceptos con una ayuda pública que está en torno a los 6.000 y 8.000 euros por aula, muy lejos de la que le corresponde a los centros públicos. A no ser que en los colegios públicos se derroche el dinero o se paguen sueldos desorbitados, esta diferencia significa que el supuesto "sostenimiento económico" al que se comprometía la Administración, en la práctica, no se cumple, lo que condena a los centros concertados a la inestabilidad económica. También les obliga a convertirse en expertos en marketing: o consiguen convencer a los padres de que aporten lo que les niega la Administración o están condenados a la quiebra. Claro que, para que los alumnos estudiaran en igualdad de medios con los de la pública, tendrían que conseguir que los padres abonaran más de 3.700 euros anuales, que es la diferencia entre lo que aporta el Estado dependiendo de si la plaza es pública o pertenece a uno de los centros concertados. La concertada, más castigada por la crisis Pero la capacidad de pago de las familias no llega a tanto. Según datos del INE de 2009, las familias con hijos en la concertada gastaban de media 1.433 euros al año por plaza, incluyendo material escolar, uniformes, comedor… La media del gasto de las familias en la pública es de 658 euros. Sumando lo que aportan la Administración y las familias, la diferencia en cuanto a recursos económicos sigue siendo enorme a favor de la escuela pública. Aun así, la concertada está sufriendo una campaña que ha aprovechado las prácticas de algunos colegios -según las acusaciones, habrían vulnerado el principio de no obligatoriedad de las cuotas- para extender la sospecha hacia todo el sector. Esta es la preocupación de Emilio Díaz, portavoz de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), mayoritaria en el sector de la escuela concertada: "Espero que el control que van a establecer [sobre la voluntariedad de las cuotas] no sea una llamada a que los padres no colaboren con nuestros colegios, porque si no lo hacen, directamente tendremos que cerrar" (El País, 10-11-2010). Y es que el cobro y las cuantías de las cuotas se han convertido en el principal caballo de batalla para los críticos del concierto económico. Con la batalla ideológica antiprivatización latente, la económica puede terminar por ahogar a este sector de la educación. De hecho, la crisis ha perjudicado, como era de esperar, a los ingresos de los colegios privados y concertados. Por ejemplo, en el último curso, que ha supuesto un aumento de matriculaciones en términos absolutos, la concertada se ha quedado estancada.